El NeoFinanciero

Extracto de mi tesis de maestría.

 

Para que el gobierno tenga claro los objetivos y pueda combatir específicamente las causas que motivan a los oferentes a emplearse informalmente, con ello partiendo de la hipótesis de que la economía informal representa un factor fundamental en la recaudación del Estado para satisfacer las necesidades de la población como recurso necesario en las finanzas públicas federales.

Esto lleva al Estado a determinar las cifras de evasión fiscal que consume la economía informal al actuar, así que operar el sistema tributario mexicano es cada vez más difícil, pues para recaudar fondos los contribuyentes formales fueron autorizados cambios en los aranceles del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta en el presupuesto del ejercicio del año fiscal 2010, el incremento al IVA fue del 16% y 11% en zonas fronterizas[1]; el incremento a la tasa de dos puntos porcentuales más al ISR, quedando en 30%[2], finalmente un aumento al 3% a depósitos en efectivo además de los incrementos en el IEPS entre otros.[3]

Es preciso como sociedad coadyuvar a buscar una solución a este caso, ya que finalmente, en materia fiscal representa para el país, una oportunidad de organización, con un Estado de Derecho y justicia distributiva, con equidad social y proporcionalidad tributaria todo ello en busca de un país fortalecido y responsable con la sociedad.

Buscar la legalización de los comercios informales, pueden posicionar a México en un contexto competitivo en el ámbito internacional y en los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

Como sociedad debemos estar consientes que el sistema tributario de la tesorería del país esta soportado completamente en aquellos que pagamos impuestos conforme a derecho, siendo inequitativo el cobro del mismo, aun y que todos los mexicanos gozamos de los mismos derechos y obligaciones.

Además, debemos preocuparnos por exigir una certeza jurídica y de calidad a los proveedores de productos que operan informalmente.

Sin antes mencionar que bajo el marco de la libre y sana competencia, se puede considerar a estos comerciantes como desleales, pues mantienen una disputa equilibrada con los operadores formales. En México, específicamente la Secretaría de Economía (SE) es la dependencia encargada de mantener la competencia de los negocios de manera justa, bajo su régimen se creó la Comisión Federal de Competencia (CFC).

La promoción de los principios y la cultura de competencia, también llamada “abogacía por la competencia” es un instrumento central con el que cuenta la CFC para garantizar la vigencia de los principios de competencia en todos los sectores de la economía, pero en especial en aquellos sujetos a regulación.

En este sentido, la Comisión Federal de Competencia ha promovido los principios de competencia en las políticas y regulaciones públicas, y ha difundido su labor y los beneficios sociales que resultan, para la sociedad en su conjunto, de un entorno favorable a la competencia.

“La competencia económica promueve el bienestar de los consumidores, pues crea un ambiente que genera más opciones para que cada consumidor elija a aquellos proveedores que le suministran bienes y servicios en las condiciones más adecuadas.”[4]

Por el bien de la sociedad y por tener un trato equitativo, es necesario conocer el fundamentalismo de un comerciante informal, para llevarlo a la legalidad.

Los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que al cuarto trimestre de 2011 en el sector informal laboraron 13 millones 966 mil 414 personas, 29.2 por ciento del total de ocupados en el país.[5]

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los empleados informales no están reconocidos por la ley y, por consiguiente, reciben poca o ninguna protección jurídica y social.

El acceso a la infraestructura y a las subvenciones públicas es limitado o inexistente, además de que este tipo de ocupaciones es generalmente muy inestable y sus ingresos son muy bajos e irregulares.

Aunque no existe una relación directa entre el trabajo informal y la pobreza, o entre el trabajo formal y la salida de la pobreza, el organismo considera que es innegable que el porcentaje de pobres que laboran en la informalidad es mucho más alto que el de aquellos que se desempeñan en la formalidad.

Los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que 20 por ciento de los trabajadores informales pertenecen al nivel socioeconómico bajo y 59 por ciento al medio bajo. Un 18 por ciento está catalogado en el estrato medio alto y sólo 3 por ciento en el alto, según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).[6]

Los trabajadores en la informalidad que perciben hasta un salario mínimo representan 22 por ciento del total, contra 13 por ciento del total de ocupados. Sólo 4 por ciento cuentan con ingresos superiores a cinco salarios mínimos, por debajo del 8 por ciento de la media nacional.